El departamento del Cesar financia sus programas de educación en un 80% con recursos provenientes de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones.

Así lo revela una reciente publicación de la Contraloría General de la República, denominada “Efecto Redistributivo del Sistema General de Participaciones. Resultados y perspectivas en los sectores de salud y educación”, que pone de presente cómo el  departamento del Cesar, depende de las transferencias nacionales en materia de educación.  

Mientras que el servicio educativo en Colombia se financia en un 48% con estos recursos, en el caso del Cesar llama la atención su rezago, ya que en dicha región los programas de educación resultan financiados en un 80% con los recursos del SGP. Tan sólo la ciudad de Valledupar presenta indicadores menos graves, al financiar sus programas en un 67% con los mencionados recursos.

El estudio de la Contraloría General de la República atribuye la causa de dicho rezago del departamento, a su debilidad institucional, la ausencia de capital humano calificado, baja competitividad, y aislamiento geográfico de algunos de sus territorios, entre otros.

Otros resultados en materia de educación

*Para el año 2015, el departamento del Cesar presentó una disminución de 8,1% en la cobertura bruta y la ciudad de Valledupar sigue presentando la mayor cantidad de población por fuera del sistema escolar de todo el departamento.

*Revisando en detalle la cobertura del departamento, se observa que para 2015 tan sólo el 69,5% de los niños de 5 años asistieron a un establecimiento educativo, mientras que la cobertura en educación media, alcanza sólo el 78,1%.

*Comparando los municipios del Cesar, se evidencia en el estudio de la Contraloría General que en las Pruebas Saber, el departamento estuvo por debajo de los resultados obtenidos a nivel nacional.

*Lo anterior indica que es muy lento el ritmo al que se estarían cerrando las brechas, y que al departamento del Cesar le tomaría 48 años alcanzar los niveles de cobertura y calidad esperados. Por lo anterior, las transferencias de recursos desde la Nación deberán ser mucho más progresivas, si se quiere cerrar las brechas sociales que existen entre las regiones.

Algunos resultados en materia de salud

Al igual que en materia de Educación, existe también una dependencia del Departamento sobre los recursos del Sistema General de Participaciones, para la financiación de sus programas de Salud.

Los  indicadores de salud pública analizados por la Contraloría General de la República en su estudio, demuestran que aunque se alcance la meta nacional, se siguen evidenciando a nivel departamental y municipal grandes brechas y desigualdades, que no serían evidentes al revisar sólo la información nacional. Los municipios siguen mostrando deficiencias en materia de cumplimiento de metas y mortalidad infantil, entre otros factores, que venían pasando desapercibidos y que la reciente publicación del máximo órgano de control fiscal deja en evidencia.

Es así cómo, en materia de mortalidad infantil, el departamento del Cesar en 2011 cumplió la meta en sólo el 24% de sus municipios; en 2012 sólo en el 28% y en 2013 sólo en un 36%. Si bien los indicadores vienen mejorando, el crecimiento es muy por debajo de los niveles esperados, y el departamento se sigue rezagando aún más. La mortalidad de menores de 1 año, por ejemplo, en el Cesar se encuentra en un 19,4%.

Llama igualmente la atención cómo, en el año 2013, el departamento del Cesar mostró un 16% de recién nacidos que no contaron con los controles prenatales, poniendo en riesgo las condiciones de natalidad de estos infantes. En el indicador de Mortalidad por Dengue, el departamento presentó 11 casos adicionales: el 40% de los municipios del departamento no cumplieron las metas de vacunación.

Por lo anterior, considera el estudio de la Contraloría General de la República, que es importante fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, así como las metas y compromisos dispuestos por el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, así como por el Ministerio de Hacienda y las demás entidades competentes en esta materia.